¿Petro Se Va de Colombia? La Polémica Decisión del Senado

El 7 de agosto, Gustavo Petro entregó la Casa de Nariño. Tres días después ya tenía una carta lista para el Congreso. Pedir permiso para salir de Colombia durante el año siguiente. Lo que vino después fue previsible: la mitad del país convencida de que Petro se iba a fugar, la otra mitad convencida de que era una persecución. Ninguna de las dos tenía razón completa. George Castro, en el episodio 004, hace lo que pocos estaban dispuestos a hacer: separar lo que se sabe de lo que se sospecha.

¿Un Trámite o una Alarma? Por Qué la Pregunta Importa

Antes de cualquier opinión sobre Petro, Castro pone un hecho sobre la mesa que cambia todo el debate: Gustavo Petro tenía que pedir ese permiso. No es una persecución del nuevo gobierno, no es una medida creada para él, no es una señal de que pretenda abandonar Colombia. Es la Constitución.

El artículo 196 establece que quien haya ejercido la presidencia de la República no puede salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato sin pedir permiso previo al Senado. La razón es de fondo: quien acaba de ejercer la presidencia manejó información privilegiada del Estado, tomó decisiones de seguridad nacional, dirigió las relaciones internacionales y administró buena parte del aparato estatal. No es exactamente cualquier ciudadano frente a las responsabilidades derivadas del cargo que acaba de abandonar.

"Pedir permiso no significa estar acusado. Pedir permiso no significa tener una orden de captura. Son cosas completamente diferentes."

Aclarado eso, Castro introduce la distinción que estructura todo el episodio. Existen cuatro cosas que en Colombia se mezclan permanentemente y que hay que separar: el derecho de Petro a viajar, el requisito constitucional que debía cumplir, las investigaciones que realmente existen y la afirmación de que Petro pretende fugarse. Esta última, dice Castro, no la sabemos. Y convertir una sospecha en un hecho es exactamente el error que el análisis responsable debe evitar.

Pero hay algo que sí genera preguntas legítimas: la solicitud llegó apenas tres días después de entregar el poder. Y fue amplia — autorización para viajar prácticamente durante todo su primer año como expresidente, citando compromisos de carácter personal, social, político y académico, sin detallar destinos concretos ni explicar cada uno de esos compromisos. Preguntar por qué, dice Castro, no es acusar. Es exactamente lo que los colombianos tienen derecho a hacer.

El Artículo 196 y la Diferencia Entre Pedir Permiso y Estar Acusado

Cuando el Senado votó, 73 senadores decidieron conceder la autorización. 11 votaron que no. Y Castro quiere escuchar a ambos lados. Pero primero establece algo que se perdió en el ruido: la solicitud de Petro por sí misma no tiene nada de irregular. Es el procedimiento que corresponde.

Lo que sí genera debate, dice Castro, no es que haya enviado la carta. Es cuándo la envió, qué pidió en ella y la amplitud de la autorización solicitada. Esas son preguntas legítimas. También lo es preguntar qué ocurre si alguna autoridad colombiana lo requiere durante ese período. Pero hay que ser precisos sobre qué tipo de pregunta estamos haciendo.

Castro introduce aquí una distinción de tres niveles que clarifica toda la discusión:

Nivel uno: "No me gusta Gustavo Petro." Eso es una opinión. Válida, pero no requiere argumento.

Nivel dos: "Creo que el Senado debió negar su solicitud." Eso exige un argumento — jurídico, institucional, con base en hechos.

Nivel tres: "Gustavo Petro se va a fugar." Eso exige evidencia. Y evidencia, hasta el momento del análisis, no hay.

No podemos mezclar los tres niveles. El Senado tenía que tomar una decisión institucional — y lo hizo. Concedió la autorización con la condición de que Petro informe previamente las fechas y los destinos de sus viajes. Esa condición, señala Castro, demuestra que incluso entre quienes consideraban que debía concederse la autorización también existía la necesidad de establecer algún nivel de seguimiento.

¿Por Qué el Centro Democrático Votó Sí? El Principio que Sorprendió a Todos

Aquí llega el giro que nadie esperaba. La votación no siguió el guión previsible — Pacto Histórico a favor, uribismo en contra, izquierda defendiendo a Petro, derecha bloqueando su salida. No ocurrió así.

Sectores del Centro Democrático — el partido de Álvaro Uribe — terminaron acompañando la autorización. Bajo una condición, sí: que Petro informara previamente las fechas y destinos de sus viajes. Pero votaron sí. Y Uribe defendió públicamente esa posición.

"Las garantías constitucionales o son para todos o dejan de ser garantías."

El argumento del Centro Democrático fue de principio, no de simpatía: si no existe una orden judicial que restrinja la movilidad de Gustavo Petro, el Congreso no puede inventarse una. Las garantías constitucionales no dependen de si una persona le gusta a uno o no. Uno demuestra que cree en las instituciones cuando las reglas benefician a alguien con quien uno no está de acuerdo — no solamente cuando benefician a los nuestros.

Y entonces apareció algo más: Petro incluso reaccionó públicamente al respaldo de Uribe, defendiendo que el Estado no debería restringir injustificadamente la libertad de movimiento de una persona. Dos adversarios históricos coincidiendo en un principio. Castro lo llama otro ejemplo del fenómeno analizado en el episodio anterior: coincidencia política no es alianza. Pero cuando los que más se detestan políticamente pueden defender el mismo principio en el mismo voto, algo más profundo está operando — algo institucional que va más allá de las simpatías.

¿Qué argumentaron los 11 que votaron no? Castro quiere escucharlos también. Uno de ellos, el senador JP Hernández, hizo algo más que votar en contra: hizo la pregunta que convirtió esta historia en noticia nacional.

¿Qué Investigaciones Existen Realmente? Denuncia, Investigación, Acusación, Condena

JP Hernández fue al punto directamente: ¿Quién garantiza que Gustavo Petro regrese a Colombia? Y no lo preguntó en el vacío. Citó nombres: Carlos Ramón González, prófugo de la justicia. César Manrique, fugado. Verónica Alcoser, que salió del país el día antes de que Petro entregara el poder, enfrentando investigaciones. Tres personas de su entorno que ya no están en Colombia para responder.

Castro reconoce que esa es una pregunta de otro nivel — ya no estamos hablando de un trámite constitucional, sino de una preocupación sobre responsabilidad futura. Pero para responderla bien, hay que empezar por saber qué investigaciones realmente involucran a Petro directamente.

Y aquí Castro hace una distinción fundamental que Colombia tiende a ignorar: una denuncia, una investigación, una acusación y una condena no son lo mismo.

¿Qué existe concretamente? La más importante es la investigación relacionada con la financiación de la campaña presidencial de 2022. La Corte Constitucional estableció que le corresponde a la Cámara de Representantes investigar a Petro por las presuntas irregularidades relacionadas con la financiación y presentación de los ingresos y gastos de las campañas que lo llevaron a la presidencia. La comisión de acusación adelantó una investigación preliminar, y en junio de 2026 esa etapa terminó con una división importante entre los representantes investigadores: un sector planteó no vincular formalmente a Petro, mientras otros consideraron que existían elementos suficientes para avanzar y solicitaron incluso llamarlo a indagatoria. También se reportaron múltiples investigaciones por presunta participación indebida en política durante su gobierno.

¿Petro está condenado? No. ¿Existe un expediente que lo involucra directamente y cuyo futuro debe resolverse? Sí. Y esa diferencia es fundamental.

"Una persona no se convierte en prófuga porque viaje — se convierte en prófuga cuando existe una obligación legal de comparecer ante una autoridad competente y decide evadirla. Y hoy eso no es lo que tenemos frente a nosotros."

Petro responde a toda esta controversia diciendo que no tiene líos pendientes con la justicia y que no existe ninguna restricción judicial que le impida viajar. Hasta donde puede verificarse públicamente, dice Castro, no existe una orden judicial conocida que le prohíba a Petro salir del territorio colombiano. Incluso Álvaro Uribe — uno de sus mayores adversarios — defendió la posición de que no se puede restringir la movilidad del expresidente sin una orden judicial.

¿Entonces no hay nada que mirar? Tampoco. Existen investigaciones, existe un expediente sobre la campaña, existe un contexto de controversias durante su gobierno, y existe una solicitud presentada apenas tres días después de abandonar la presidencia. Que algunos colombianos digan "un momento, quiero saber qué está pasando" es perfectamente comprensible. Lo que no podemos hacer, dice Castro, es convertir esa desconfianza en una sentencia.

El Método Castro: La Pregunta Correcta Importa Más que la Respuesta Rápida

Al final del episodio, Castro hace algo que distingue su análisis: cambia la pregunta.

No preguntaría cuándo se va a fugar Petro. Preguntaría: ¿qué responsabilidades tiene pendientes Gustavo Petro y qué garantías existen para que responda si la justicia lo requiere? Esa, dice Castro, es una pregunta muchísimo más difícil — pero también más honesta y más útil.

¿Hizo bien el Senado? Castro habría querido que el Congreso, antes de votar, preguntara formalmente a las autoridades competentes: ¿existe alguna medida vigente contra Petro que restrinja su salida del país? ¿Cuál es el estado procesal de las investigaciones que lo involucran directamente? Con esa información sobre la mesa, votar — no desde Petro, no desde Uribe, sino desde las instituciones.

Porque aquí pueden cometerse dos errores igualmente peligrosos: condenar a Petro sin que haya sido condenado, o actuar como si por haber terminado su presidencia todas las preguntas sobre su gobierno hubieran desaparecido. Ninguna de las dos es verdad.

El estado de derecho no se demuestra cuando protegemos las garantías de nuestros amigos. Se muestra cuando somos capaces de proteger también las garantías de nuestros adversarios. Y ese principio — que tanto incomoda cuando se aplica a quienes no nos gustan — es exactamente el que debe guiar el análisis político responsable.

Este episodio no termina aquí. Si Petro anuncia sus primeros viajes, Castro volverá. Si aparece alguna decisión judicial, volverá. Si alguna autoridad lo cita, volverá. Y si algo cambia sustancialmente lo que hoy se sabe, volverá también para corregir la propia conclusión. Eso también hace parte de analizar responsablemente la política.